Según los sondeos a pie de urna tras el referéndum, el "no" alcanzó un 90 por ciento de los votos.
El acuerdo que logró el Gobierno con Londres y La Haya para indemnizar a los ahorradores había generado tal grado de resistencia popular que llevó al presidente, Olaffur Grimsson, a negarse a ratificar la ley que reglamentaba las devoluciones.
Grimmson tomó la decisión después de que 56.089 personas, una cuarta parte del electorado islandés, firmaran una petición en contra de la ley y pedía someterla a referéndum.
El acuerdo original preveía devolver los 3.700 millones de euros (5.000 millones de dólares) de deuda pendiente en 15 años y a un interés del 5,5 por ciento.
Mientras tanto, Holanda y el Reino Unido han presentado una oferta sensiblemente mejorada, a un interés fijo y con un tipo variable en el periodo final. Pero a pesar de que existía una mejor oferta sobre la mesa, la consulta popular se realizó sobre la propuesta original porque fue aprobada por el Parlamento.
La primera ministra islandesa, la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir, era partidaria de suspender el referéndum y apostar por un nuevo acuerdo, pero la cancelación de la consulta no era posible sin la aprobación de la oposición.
Sigurðardóttir anunció que no participaría en la votación al considerar que el referéndum no tenía sentido alguno y que cualquiera que fuera su resultado no cambiaría para nada las cosas pues se intentaba negociar un nuevo acuerdo.
Lograr poner en práctica un acuerdo con Holanda y el Reino Unido es clave para Islandia porque le abriría la puerta a la posibilidad de recibir ayudas internacionales e impulsaría su acercamiento a la Unión Europea (UE).
Pero sin un nuevo acuerdo mejorado con los acreedores holandeses y británicos los créditos prometidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países del norte de Europa se verían bloqueados, lo que podría a Islandia en una grave situación presupuestaria y llevaría a ese país incluso al borde de la bancarrota.
Además, las negociaciones para el ingreso a la UE correrían peligro de quedar empantanadas.
La norma rechazada afecta a cerca de 300.000 ahorrados holandeses y británicos que fueron atraídos por los altos intereses que ofrecían los bancos islandeses y que a la postre se vieron duramente golpeados por la crisis financiera.
La indemnización de 34.000 inversores alemanes por parte del Kaupthing Bank ya se reglamentó en el verano pasado. El costo de la indemnización a los ahorradores de Icesave supone dos terceras partes del presupuesto anual de Islandia.
Los impulsores del referéndum han sostenido durante la campaña que lo que quieren es lograr mejores condiciones para el pago de la deuda.
Info: EFE - ABC.es Noticias de Agencias
El acuerdo que logró el Gobierno con Londres y La Haya para indemnizar a los ahorradores había generado tal grado de resistencia popular que llevó al presidente, Olaffur Grimsson, a negarse a ratificar la ley que reglamentaba las devoluciones.
Grimmson tomó la decisión después de que 56.089 personas, una cuarta parte del electorado islandés, firmaran una petición en contra de la ley y pedía someterla a referéndum.
El acuerdo original preveía devolver los 3.700 millones de euros (5.000 millones de dólares) de deuda pendiente en 15 años y a un interés del 5,5 por ciento.
Mientras tanto, Holanda y el Reino Unido han presentado una oferta sensiblemente mejorada, a un interés fijo y con un tipo variable en el periodo final. Pero a pesar de que existía una mejor oferta sobre la mesa, la consulta popular se realizó sobre la propuesta original porque fue aprobada por el Parlamento.
La primera ministra islandesa, la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir, era partidaria de suspender el referéndum y apostar por un nuevo acuerdo, pero la cancelación de la consulta no era posible sin la aprobación de la oposición.
Sigurðardóttir anunció que no participaría en la votación al considerar que el referéndum no tenía sentido alguno y que cualquiera que fuera su resultado no cambiaría para nada las cosas pues se intentaba negociar un nuevo acuerdo.
Lograr poner en práctica un acuerdo con Holanda y el Reino Unido es clave para Islandia porque le abriría la puerta a la posibilidad de recibir ayudas internacionales e impulsaría su acercamiento a la Unión Europea (UE).
Pero sin un nuevo acuerdo mejorado con los acreedores holandeses y británicos los créditos prometidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países del norte de Europa se verían bloqueados, lo que podría a Islandia en una grave situación presupuestaria y llevaría a ese país incluso al borde de la bancarrota.
Además, las negociaciones para el ingreso a la UE correrían peligro de quedar empantanadas.
La norma rechazada afecta a cerca de 300.000 ahorrados holandeses y británicos que fueron atraídos por los altos intereses que ofrecían los bancos islandeses y que a la postre se vieron duramente golpeados por la crisis financiera.
La indemnización de 34.000 inversores alemanes por parte del Kaupthing Bank ya se reglamentó en el verano pasado. El costo de la indemnización a los ahorradores de Icesave supone dos terceras partes del presupuesto anual de Islandia.
Los impulsores del referéndum han sostenido durante la campaña que lo que quieren es lograr mejores condiciones para el pago de la deuda.
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