Islandia, 2007: país pequeño, poco poblado y con alto grado de bienestar social. Cuatro pequeños bancos operaban en el interior del país. Poco a poco se fue permitiendo privatizar ciertos recursos, se facilitó la especulación bancaria. Se abusó de la vivienda como recurso de inversión, llegó el boom inmobiliario y con él, la concesión de créditos sin límite. En España ya hemos visto la película, pero en esta ocasión el final cambia.
Como ocurrió con nuestro país, un par de años después Islandia se colapsó. En 2008, fueron nacionalizados los tres mayores bancos y su deuda pública empezó a multiplicarse. Un año después, el Parlamento acordaba devolver la deuda a Gran Bretaña y Holanda, sus principales acreedores bancarios. Cada familia islandesa debía pagar 3.500 durante 15 años al 5,5 % de interés. Aumentaron las protestas sociales y se convocó un referéndum en el que se decidió rebajar el interés al 3% y aumentar el periodo de pago a 37 años.
Finalmente, Islandia tuvo que pedir un rescate internacional del FMI que le obligó a acometer importantes ajustes económicos. Pero, ahí empieza la diferencia: el Gobierno islandés no desembolsó ni una sola corona de los contribuyentes en los bancos. Los dejó quebrar.
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