A finales de julio, Islandia y la Unión Europea abrieron formalmente negociaciones para la adhesión del país a la Europa comunitaria y a pocas semanas del inicio real de los contactos que se prevén acometer en noviembre emerge ya que la pesca y la agricultura van a erigirse en obstáculos principales para el acuerdo. Más aún: voces islandesas autorizadas anticipan que Reikiavik está preparándose para reclamar un trato especial en materia pesquera, que le garantice un régimen diferente al de los demás socios europeos en este capítulo. Otros miembros de la UE, como el Reino Unido o Dinamarca, partidarios de renacionalizar los recursos pesqueros, pueden obtener ventajas de los planteamientos islandeses, por lo que la negociación con el candidato del Atlántico norte se presenta complicada y potencialmente muy lesiva para los intereses españoles.
La Política Pesquera Común tiene un peculiaridad que la hace única: la pesca existente en los mares europeos, excepto la que se refugia en la franja costera, pertenece a Europa, no a los Estados miembros que la componen. De ahí que sean las instituciones comunes, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, las que administren esta riqueza. Lo hacen a través de modelos habitualmente muy criticados, como los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y su reparto en cuotas por Estados miembros, en base a una serie de claves, como el Principio de Estabilidad Relativa, que son anteriores a la adhesión de los países ibéricos y que, en buena medida, fueron dictadas para hurtar a España y Portugal una parte sustantiva de la riqueza de los mares europeos.
La Política Pesquera Común tiene un peculiaridad que la hace única: la pesca existente en los mares europeos, excepto la que se refugia en la franja costera, pertenece a Europa, no a los Estados miembros que la componen. De ahí que sean las instituciones comunes, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, las que administren esta riqueza. Lo hacen a través de modelos habitualmente muy criticados, como los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y su reparto en cuotas por Estados miembros, en base a una serie de claves, como el Principio de Estabilidad Relativa, que son anteriores a la adhesión de los países ibéricos y que, en buena medida, fueron dictadas para hurtar a España y Portugal una parte sustantiva de la riqueza de los mares europeos.
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